lunes, 28 de julio de 2008

La sociedad colombiana enfrenta una profunda crisis que no sólo atenta contra su supervivencia y su integridad, sino que además propicia su progresivo marginamiento y exclusión de la comunidad internacional. Así, Colombia se ve enfrenta al doble reto de construir una sociedad democrática y moderna en lo económico, político y social, y a la vez de promover las condiciones favorables para su cabal desarrollo con justicia social y su inserción creativa -no empobrecedora- al ordenamiento internacional (...) Los problemas estructurales de la sociedad colombiana constituyen, en últimas, razón esencial de las condiciones objetivas y subjetivas de la situación de guerra generalizada que vive el país. Entre los principales desafíos estructurales sobresalen, entre otros, la restitución de la primacía de lo público y de la legitimación del Estado, de su monopolio del uso de la fuerza y se su función de catalizador del interés colectivo; la plena vigencia del imperio de la ley y la preservación de lo derechos humanos; la implantación de un desarrollo económico, social y medioambiental sustentable; el compromiso y la capacidad de la sociedad para satisfacer necesidades básicas (educación, salud, educación) e incorporar a la vida moderna a amplios estratos de la población, y, en fin, la construcción de una sociedad moderna democrática política y social. En las condiciones actuales de la sociedad, de la relación entre lo público y lo privado, y de la estructura estatal no es posible avanzar en la construcción de un nuevo contrato social. El país requiere de profundas transformaciones en su institucionalidad y en la estructura organizativa del Estado que garanticen un ambiente propicio para la implantación de reformas sociales integrales, conducentes a la verdadera paz y al desarrollo como sociedad moderna regida por una democracia política y social. Estas reformas integrales sólo pueden surgir de un consenso de la sociedad, con la activa participación de sus diversos estratos en el proceso de diseño, financiación, implantación, administración y supervisión del contrato social. Para que la función pública pueda relegitimarse y cumplir efectivamente las responsabilidades que le competan dentro de ese nuevo contrato, una condición necesaria, aunque no suficiente, consiste en adelantar una profunda "reingeniería" en la organización estatal, en la lógica operativa y en las finanzas públicas. En las condiciones actuales del país, este proceso de reingeniería exigiría de la sociedad de verdadera conciencia y voluntad colectivas para su concreción, y de un mayor compromiso y esfuerzo económico para asegurar su financiamiento. Esta reingeniería se debe referir al rediseño, redimensionamiento, recomposición y adecuación de la estructura, planta, funciones y procedimientos, y al financiamiento necesarios para velar por la eficacia y rentabilidad social de todos los entes responsables de la función pública. Entre los sectores que requieren ser sometidos a este proceso de reingeniería sobresalen los de justicia, educación, salud y defensa (ejército y policía). El caso del ejército, resulta bien indicativo en la medida en que en los último años la sociedad ha canalizado crecientes recursos para su modernización dentro del propósito de afrontar en mejores condiciones y con la mayor efectividad posibles el conflicto armado, y de restituir la legitimidad del Estado en amplias zonas del país. En efecto, el exceso de gasto militar en Colombia, con respecto al promedio de los países de Latinoamérica por el hecho de enfrentar una situación de guerra, se ha ido incrementando de un 1% del PIB en 1991 a un 1.6% en 1997, pero con la característica cuestionable (por no decir perversa), que, como lo ha sido tradicionalmente, más de un 70% del gasto se dedica al funcionamiento -una buena porción a pago de pensiones y otra creciente a la nómina de un pie de fuerza en permanente aumento- y apenas un 12% a la inversión. En la medida en que se ha optado por una estrategia de aumento de la planta en buena parte no profesionalizada, con un régimen prestacional y de escalafonamiento "excepcionales" y con una composición de planta desfavorable en términos de capacidad militar de combate -con una excesiva proporción entre unidades de apoyo y de combate: 7 a 1, en comparación con unos niveles internacionales de 4 ó 5 a 1-, no sólo se ha creado una "inercia estructural" al aumento del gasto en funcionamiento a costa de las posibilidades de modernización mediante la inversión en inteligencia militar y equipo, por ejemplo, sino que tampoco se ha mejorado correlativamente la efectividad operativa de la fuerza militar. Es de resaltar que en términos de las finanzas públicas -para no tratar los aspectos operativos y de efectividad militar propiamente dichos-, de no introducirse cambios en la estrategia observada y de continuarse con la tendencia seguida en el país en la última década, en el año 2004, Colombia podría estar dedicando un 5.6% del PIB para el financiamiento del sector de defensa -esto es, cerca de un 4% del PIB por encima del resto de la región-. Este nivel de exceso de gasto de defensa no se compadecería de manera alguna ni con la precaria situación de las finanzas públicas en una perspectiva de corto, mediano y largo plazo, ni con claras prioridades de índole social y económica. Resulta paradójico que precisamente los sectores sociales de la función pública... sean de aquellos a los que por normas constitucionales y por actos legislativos se les ha incrementado sustancialmente su financiación en los últimos años, con miras a garantizar su modernización, reforma y eficiencia, sin que ninguno de estos objetivos se haya alcanzado en la práctica. Premisa básica de la reingeniería consistiría en garantizar que el "dividendo social" no se materializara favoreciendo a unos pocos estratos y a costa de ciertos agentes y grupos de la sociedad, como pueden ser los empleados y trabajadores actualmente vinculados a entidades oficiales, sino que debiera distribuirse equitativamente, permitiendo, por ejemplo, una retribución a los empleados que deban ser desincorporados mediante su calificación y preparación con miras a posibilitarles su vinculación a la economía en condiciones aceptables -aparte de las prestaciones que legalmente les correspondan. A la par con la aplicación de la reingeniería, habrá de irse consolidando un amplio consenso sobre el alcance, contenido, instrumentación, aplicación, administración y permanente evaluación de reformas integrales indispensables para la construcción de una nueva sociedad. La programación, financiamiento y ejecución de las reformas sociales, de la reingeniería y reestructuración de la función pública, y de la realización de otras actividades propias de Estado deben ser articulados y priorizados estrictamente en lo que se debe concebir como un plan de desarrollo para la construcción de sociedad en una perspectiva de corto, mediano y largo plazos, bajo la responsabilidad indelegable del Estado como ente responsable del interés colectivo y en una permanente consulta con y entre agentes, movimientos y asociaciones ciudadanas y políticas dentro de la nueva institucionalidad para el relacionamiento público-privado. Ante las severas exigencias financieras de un plan de esta naturaleza y la precaria situación de las finanzas públicas del país, y en razón del carácter de la responsabilidad pública-privada en el desarrollo del nuevo contrato social, no sólo corresponde, sino que se hace inevitable el comprometimiento fiscalizador y el aporte financiero de todos los agentes, tanto públicos como privados, y de acuerdo con su capacidad económica y con su "dividendo de paz", para la implantación del plan de desarrollo para una construcción de sociedad. En pleno proceso de globalización, particularmente bajo el modelo neoliberal dominante con todas sus secuelas en términos de las contradicciones, desigualdades y discriminaciones políticas y económicas que reproduce entre países y grupos sociales, la sociedad colombiana debe asumir la conciencia de que de continuar la profundización de la situación de guerra generalizada se verá enfrentada cada vez más al marginamiento internacional tanto en lo político como en lo económico, que la puede llevar no sólo a mayores niveles de disolución interna, sino además a una creciente pérdida de dinamismo económico y al consecuente empobrecimiento generalizado. Para Colombia sería muy grave que se entendiera que la guerra puede ser resuelta exclusivamente por un grupo reducido de personas concertando acuerdos parciales en la búsqueda por solucionar apenas algunos de los frentes de la guerra. La sociedad debe asumir resueltamente que hay razones objetivas y estructurales de la guerra generalizada que están íntimamente ligadas con la estructura política, económica, social y cultural del país. La urgencia de la búsqueda por resolver siquiera algunos de los frentes de la guerra (como es el caso del conflicto armado) no debe conducir que se posponga por más tiempo la construcción de un nuevo contrato social público-privado, comprensivo e integral, en todas las facetas de la sociedad: desde la fábrica y los sectores y cadenas productivos para la competitividad sistémica, hasta la de grupos, asociaciones y movimientos ciudadanos y partidos políticos para el desarrollo democrático de la sociedad. La estricta implantación integral de un nuevo contrato social constituye condición esencial, aunque insuficiente por sí misma, para avanzar hacia la construcción de una sociedad moderna y democrática en lo político y social. Pero es el camino para la consecución de una verdadera paz en el país. __________________________________________________________________
Apartes tomados de: Garay Jorge. Globalización y crisis. TM Editores, primera edición, Bogotá, enero de 1999.